ISSN: 3121-2948
Bajo licencia: CC BY-SA 4.0
Periodicidad: Trimestral, Volumen: 4, Número: 4, Año: 2026 páginas 253-269
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DOI: https://doi.org/10.70577/cieninter.v4i4.163

Gestión coactiva y sostenibilidad financiera de los gobiernos municipales del Ecuador

Coercive debt collection and financial sustainability of municipal governments in Ecuador

 

Adela del Jesús Lucio Pillasagua1

Docente de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Jipijapa, Ecuador 

adela.lucio@unesum.edu.ec

https://orcid.org/0000-0001-6099-9168

 

Dilan Aytor Goya Alvarado2

Universidad Estatal del Sur de Manabí. Jipijapa, Ecuador

goya-dilan8449@unesum.edu.ec

https://orcid.org/0009-0000-6172-4457

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cómo citar:

Lucio Pillasagua, A. del J., & Goya Alvarado, D. A. (2026). Gestión coactiva y sostenibilidad financiera de los gobiernos municipales del Ecuador. Ciencia Interdisciplinaria Internacional, 4(4), 253–269. https://doi.org/10.70577/cieninter.v4i4.163

Fecha de aceptación: 2026-07-11

 

 

 

Fecha de aceptación: 2026-09-15

 

 

 

Fecha de publicación: 2026-11-11

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN

La gestión coactiva y la sostenibilidad financiera de los gobiernos municipales del Ecuador enfrentan dificultades relacionadas con la recuperación de cartera vencida, la morosidad tributaria y la dependencia de transferencias estatales, limitando la disponibilidad de recursos para financiar los servicios públicos. El objetivo del estudio fue analizar la incidencia de la gestión coactiva en la sostenibilidad financiera de los gobiernos municipales del Ecuador. Se desarrolló una investigación de enfoque mixto, alcance descriptivo y diseño no experimental, mediante los métodos analítico-sintético, inductivo-deductivo y comparativo. Se analizaron 23 fuentes documentales, aplicando una adaptación de la metodología PRISMA 2020. Los resultados evidenciaron una morosidad tributaria del 32,43% en Portoviejo, niveles de riesgo administrativo del 40% en determinados controles de cobranza de Pedro Carbo y una autonomía financiera promedio del 19,6% en El Empalme, cuya dependencia de transferencias alcanzó el 69,8%. Se concluyó que el fortalecimiento de los procedimientos coactivos, la cobranza preventiva y la modernización administrativa pueden contribuir a mejorar la recuperación de ingresos y la estabilidad presupuestaria municipal, aunque la evidencia documental no permitió establecer una relación causal directa entre las variables.

Palabras clave: Autonomía financiera, gestión coactiva, gobiernos municipales, recaudación tributaria, sostenibilidad financiera.

 

ABSTRACT

Coercive collection management and the financial sustainability of municipal governments in Ecuador face challenges related to the recovery of overdue accounts, tax delinquency, and a reliance on state transfers, which limits the resources available to fund public services. The objective of this study was to analyze the impact of coercive collection management on the financial sustainability of municipal governments in Ecuador. A mixed-methods, descriptive, non-experimental study was conducted, employing analytical-synthetic, inductive-deductive, and comparative methods. Twenty-three documentary sources were analyzed using an adaptation of the PRISMA 2020 methodology. The results revealed a 32.43% tax delinquency rate in Portoviejo, a 40% administrative risk level in certain collection control processes in Pedro Carbo, and an average financial autonomy of 19.6% in El Empalme, where reliance on state transfers reached 69.8%. It was concluded that strengthening coercive collection procedures, implementing proactive collection strategies, and modernizing administrative processes can help improve revenue recovery and municipal budgetary stability, although the documentary evidence did not allow for the establishment of a direct causal relationship between the variables.

Keywords: Financial autonomy, coercive collection management, municipal governments, tax collection, financial sustainability.

 

 


INTRODUCCIÓN

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos et al. (2026), la sostenibilidad de las finanzas públicas es un desafío para los gobiernos de América Latina y el Caribe, donde la recaudación tributaria representó, en promedio, el 21,7% del producto interno bruto en 2024, frente al 34,1% registrado en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Esta diferencia de 12,4% evidencia las limitaciones estructurales de movilización de recursos fiscales. La recaudación tributaria subnacional presentó una mediana equivalente al 0,4% del producto interno bruto, situación que refleja las restricciones de los gobiernos territoriales para generar ingresos propios y financiar sus competencias administrativas y sociales. En este escenario, el fortalecimiento de los mecanismos de recuperación de obligaciones pendientes adquiere importancia para reducir la dependencia financiera y garantizar la continuidad de los servicios públicos.

En el contexto ecuatoriano, según el Banco de Desarrollo del Ecuador (2026), los gobiernos autónomos descentralizados municipales presentan una brecha significativa entre su capacidad potencial de recaudación y los ingresos efectivamente obtenidos. La institución estimó que, durante 2023, las administraciones municipales podían incrementar sus ingresos propios en aproximadamente 310 millones de dólares mediante una mayor eficiencia fiscal. Además, señaló que la optimización del gasto permitiría mejorar hasta un 30% la cobertura de servicios básicos, incluyendo agua potable, alcantarillado y vialidad, sin incrementar los recursos presupuestarios. Estos antecedentes evidencian la necesidad de fortalecer la administración tributaria, actualizar los registros de obligaciones pendientes y perfeccionar los mecanismos institucionales de recuperación de cartera vencida.

Por su parte, Silverio y Tigua (2023) destacan la importancia de la recaudación del impuesto predial para la eficacia financiera de los gobiernos autónomos descentralizados ecuatorianos, mediante una investigación cuantitativa que incluyó una muestra de 383 participantes. De manera complementaria, Suarez y Suarez (2024) identificaron la incidencia de los ingresos prediales en la estructura presupuestaria del Gobierno Municipal del cantón Pichincha, resaltando la necesidad de fortalecer la autonomía financiera. Así mismo, Guillén y García (2026) determinaron que el Gobierno Municipal de Portoviejo registró una morosidad tributaria del 32,43% en 2024, mientras que el departamento de cobranzas disponía de cuatro funcionarios frente a los 35 asignados al área de catastro, evidenciando desequilibrios administrativos que dificultan la recuperación oportuna de obligaciones pendientes.

En relación con los mecanismos de recuperación de obligaciones tributarias, Jiménez y Reategui (2025) analizaron los procesos de cartera vencida del Gobierno Municipal de Quilanga, identificando que las deficiencias en la ejecución de procedimientos coactivos afectan la disponibilidad de recursos financieros y la capacidad institucional para sostener la inversión pública. En concordancia, Anzules y Farfán (2026) estudiaron la gestión de cobranza del Gobierno Municipal de Pedro Carbo y destacaron la importancia de los controles preventivos, las ordenanzas municipales y las notificaciones persuasivas para mejorar la recuperación de deudas. Estos antecedentes permiten reconocer que la gestión coactiva constituye un instrumento administrativo relevante para fortalecer la liquidez y reducir las limitaciones presupuestarias municipales.

Desde una perspectiva jurídica, Yánez et al. (2025) sostienen que los procedimientos coactivos deben ejecutarse respetando las garantías constitucionales y los derechos fundamentales de los administrados, particularmente al aplicar medidas cautelares para asegurar el cumplimiento de obligaciones económicas. Por consiguiente, resulta necesario examinar la gestión coactiva desde una perspectiva financiera, administrativa y jurídica, considerando su contribución a la recuperación de ingresos y al cumplimiento de las competencias municipales. En este sentido, el objetivo del presente estudio es analizar la incidencia de la gestión coactiva en la sostenibilidad financiera de los gobiernos municipales del Ecuador, mediante la evaluación de los procedimientos de recuperación de cartera vencida, la eficiencia recaudatoria y su contribución al fortalecimiento de los ingresos propios.

 

REVISIÓN DE LA LITERATURA

Gestión coactiva en los gobiernos municipales

De acuerdo con Aguirre-Ramírez y D’Ambrocio (2023), la gestión coactiva es un mecanismo administrativo mediante el cual las instituciones públicas ejercen su potestad legal para recuperar obligaciones económicas vencidas, utilizando procedimientos y medidas cautelares que favorezcan el cumplimiento de los pagos pendientes. En este sentido, Aberos et al. (2023) establecen que la ejecución coactiva debe fundamentarse en el principio de legalidad, respetando las competencias de la administración pública y las garantías constitucionales de los contribuyentes. Por otra parte, Aguirre et al. (2024) identificaron deficiencias normativas relacionadas con la prescripción de los procedimientos coactivos, a partir del análisis de 20 procesos, destacando la importancia de establecer criterios claros que garanticen la seguridad jurídica. Así mismo, Tapia et al. (2025) señalan que las medidas cautelares deben aplicarse considerando el principio de proporcionalidad, evitando actuaciones administrativas excesivas que comprometan los derechos de los deudores.

Desde otra perspectiva, Toledo y Mogrovejo (2025) sostienen que el procedimiento de ejecución coactiva establecido en el Código Orgánico Administrativo presenta fortalezas institucionales, aunque requiere mejoras para optimizar su aplicación y corregir debilidades procesales. De igual manera, Peña y Reinoso (2026) destacan que la eficiencia recaudatoria de las entidades públicas depende de procedimientos que integren notificaciones adecuadas, motivación administrativa y protección de los derechos ciudadanos. En concordancia, Bermeo et al. (2026), mediante el análisis de procesos coactivos de una entidad pública de telecomunicaciones, identificaron 51 facilidades de pago incumplidas por un valor de 22.954,39 dólares, evidenciando dificultades administrativas en la recuperación de obligaciones. Pichucho et al. (2026) destacan la necesidad de fortalecer los criterios de proporcionalidad y motivación de las medidas cautelares, con el propósito de compatibilizar la eficacia de los procedimientos coactivos con las garantías jurídicas de los administrados.

 

Sostenibilidad financiera de los gobiernos municipales

Según Barona et al. (2023), la sostenibilidad financiera municipal está relacionada con la capacidad de las administraciones territoriales para generar ingresos tributarios suficientes, fortalecer la transparencia y garantizar la inversión en programas de desarrollo local. Desde esta perspectiva, Alcaide et al. (2024) destacan que la sostenibilidad financiera de los servicios públicos depende de factores socioeconómicos y demográficos que condicionan las capacidades presupuestarias de los municipios pequeños y medianos. Por su parte, Sutaryo et al. (2025), mediante un análisis de 940 observaciones de gobiernos locales de Indonesia, determinaron que la eficiencia financiera y la solvencia presupuestaria influyen positivamente en la sostenibilidad fiscal, destacando la importancia de mantener una administración equilibrada de los recursos. En correspondencia, Damong (2026) sostiene que la generación de ingresos locales y la eficiencia de los mecanismos de recaudación constituyen elementos fundamentales para garantizar la estabilidad fiscal y el financiamiento de los servicios públicos.

En el ámbito ecuatoriano, Merchan y Mejía (2026) identificaron que el Gobierno Municipal de Tosagua presenta bajos niveles de autonomía financiera y una elevada dependencia de las transferencias estatales, situación que limita su planificación presupuestaria de largo plazo. De manera similar, Bravo et al. (2026) determinaron que el Gobierno Municipal de El Empalme registró una autonomía financiera promedio del 19,6% y una dependencia de transferencias del 69,8%, evidenciando restricciones para financiar sus competencias con recursos propios. Primintela y Sánchez (2026), mediante una revisión sistemática de 35 investigaciones, identificaron que las deficiencias en la recaudación tributaria, la recuperación de cartera vencida y la ejecución presupuestaria constituyen factores que afectan la sostenibilidad financiera de los gobiernos autónomos descentralizados del Ecuador.

METODOLOGÍA

De acuerdo con Page et al. (2021), la investigación se desarrolló mediante un enfoque mixto, con predominio cualitativo, de alcance descriptivo y diseño no experimental, basado en la revisión documental de información secundaria. Se emplearon los métodos analítico-sintético, inductivo-deductivo, descriptivo y comparativo, los cuales permitieron examinar los procedimientos de gestión coactiva, identificar las dificultades relacionadas con la recuperación de cartera vencida y establecer su vinculación con la sostenibilidad financiera municipal. La investigación consideró publicaciones correspondientes al período 2022–2026 y datos financieros de los períodos disponibles en las fuentes consultadas.

Según la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (2022), el ámbito territorial comprendió los 221 gobiernos autónomos descentralizados municipales del Ecuador. Sin embargo, debido al carácter documental de la investigación, las unidades de análisis fueron las publicaciones científicas y los informes institucionales, sin realizar encuestas ni entrevistas a funcionarios municipales. Para delimitar el corpus documental, se consideraron 23 fuentes previamente identificadas, distribuidas en 21 artículos científicos y 2 informes institucionales. Se estableció una población documental de 23 publicaciones y una muestra censal de 23 documentos, seleccionados por su relación con la gestión coactiva, la recaudación tributaria, los ingresos propios y la sostenibilidad financiera.

Por su parte, Primintela y Sánchez (2026) sustentaron la pertinencia de analizar las finanzas municipales mediante fuentes documentales y criterios de evaluación presupuestaria. En concordancia, se utilizaron las técnicas de revisión bibliográfica y análisis documental, apoyadas en una matriz de extracción de información. Se examinaron los indicadores de recuperación de cartera vencida, eficiencia recaudatoria, autonomía financiera, dependencia de transferencias estatales y ejecución presupuestaria, conforme a la disponibilidad de datos publicados. La información se contrastó entre investigaciones científicas, reportes del Banco de Desarrollo del Ecuador y estadísticas tributarias de organismos internacionales.

Así mismo, siguiendo los lineamientos de Page et al. (2021), se utilizó una adaptación del método PRISMA 2020 para organizar la identificación, revisión, evaluación e inclusión de las fuentes documentales. Se consideraron como criterios de inclusión la pertinencia temática, la publicación durante 2022–2026, la disponibilidad de información y la procedencia académica o institucional. Se examinaron las 23 referencias previamente reunidas, sin identificar duplicados dentro de ese conjunto. El procedimiento de selección documental se representó en la Figura 1.


Figura 1
Diagrama de flujo de selección documental adaptado a PRISMA 2020

Nota. Elaboración propia, adaptada de Page et al. (2021). El diagrama representa la selección del corpus bibliográfico previamente identificado y no una búsqueda sistemática exhaustiva en bases de datos.


Conforme al enfoque de análisis financiero desarrollado por Sutaryo et al. (2025), los datos secundarios se organizaron mediante estadística descriptiva y comparación documental, considerando frecuencias, cifras monetarias, variaciones porcentuales e indicadores fiscales publicados. Se contrastaron los resultados de las diferentes investigaciones para identificar coincidencias, divergencias y limitaciones relacionadas con la gestión coactiva y la sostenibilidad financiera. El procesamiento se efectuó mediante matrices de sistematización y hojas de cálculo, sin manipulación experimental de variables ni recopilación directa de información de los contribuyentes.

RESULTADOS Y ANÁLISIS

El análisis documental de la gestión coactiva y la sostenibilidad financiera de los gobiernos municipales del Ecuador permitió identificar limitaciones en la recuperación de cartera vencida, la generación de ingresos propios y la ejecución presupuestaria. Los resultados se organizaron en cinco dimensiones: contexto fiscal, gestión de cobranza, eficiencia administrativa, autonomía financiera y vinculación entre recuperación de obligaciones y sostenibilidad institucional. Se consideraron las 23 fuentes delimitadas en la metodología, integrando los indicadores cuantitativos disponibles y los hallazgos cualitativos de las investigaciones revisadas. Los resultados correspondieron a información secundaria, por lo que no constituyeron mediciones directas de los 221 municipios del Ecuador.

Contexto fiscal y capacidad de generación de ingresos municipales

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos et al. (2026), la recaudación tributaria de América Latina y el Caribe alcanzó un promedio del 21,7% del producto interno bruto en 2024, mientras que los países miembros de la OCDE registraron el 34,1%. Esta diferencia reflejó una brecha de 12,4 puntos porcentuales, que evidenció las limitaciones fiscales de la región. Para contextualizar las condiciones que enfrentaron las administraciones territoriales, se presentan en la Tabla 1 los indicadores tributarios internacionales utilizados como referencia.


Tabla 1
Indicadores de recaudación tributaria en América Latina y la OCDE, 2024

Indicador

Valor

Recaudación tributaria promedio de América Latina y el Caribe

21,7% del PIB

Recaudación tributaria promedio de la OCDE

34,1% del PIB

Brecha entre ambos promedios

12,4%

Países latinoamericanos y caribeños con aumento de recaudación respecto al PIB

15

Países latinoamericanos y caribeños con disminución de recaudación respecto al PIB

13

Nota. Elaboración propia a partir de OCDE et al. (2026). Los datos corresponden al conjunto de administraciones públicas nacionales y subnacionales; no representan exclusivamente la recaudación municipal.


Los resultados de la Tabla 1 mostraron que la capacidad tributaria regional se mantuvo por debajo del promedio de las economías de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Si bien esta comparación no permitió determinar directamente la eficiencia de los municipios ecuatorianos, proporcionó un contexto sobre las restricciones existentes para financiar el gasto público mediante impuestos. La diferencia observada destacó la importancia de fortalecer la administración de los ingresos existentes, particularmente la prevención de la morosidad y la recuperación de obligaciones tributarias exigibles.

En el ámbito nacional, según el Banco de Desarrollo del Ecuador (2026), el estudio de eficiencia fiscal presentado por la institución determinó que los municipios ecuatorianos disponían de un potencial adicional de recaudación de aproximadamente 310 millones de dólares para el ejercicio 2023. Así mismo, estimó que una asignación más eficiente de los recursos podría mejorar hasta un 30% la cobertura de determinados servicios básicos, sin necesidad de incrementar el gasto. Estos resultados constituyeron un referente para analizar la importancia de la gestión tributaria y de cobranza en la capacidad financiera municipal.

Caracterización de las fuentes documentales analizadas

En correspondencia con el procedimiento de revisión documental descrito en materiales y métodos, se clasificaron las 23 fuentes previamente seleccionadas según su naturaleza y año de publicación. Como se observa en la Tabla 2, el corpus estuvo integrado por 21 artículos científicos y dos informes institucionales. La mayor cantidad de publicaciones correspondió a 2026, lo que permitió incorporar información reciente sobre gestión de cobranza, autonomía financiera y desempeño presupuestario.


Tabla 2
Distribución temporal de las fuentes documentales consideradas

Año

Artículos científicos

Informes institucionales

Total

2023

4

0

4

2024

3

0

3

2025

5

0

5

2026

9

2

11

Total

21

2

23

Nota. Elaboración propia a partir de las referencias previamente delimitadas.


La Tabla 2 mostró que 11 de las 23 referencias correspondieron a 2026, equivalente al 47,8% del corpus. Las publicaciones de 2025 representaron el 21,7%, las de 2023 el 17,4% y las de 2024 el 13,0%. Esta distribución permitió disponer de información reciente, aunque evidenció una menor representación de investigaciones de los primeros años del período delimitado.

Eficiencia de los mecanismos de cobranza y recuperación de cartera vencida

Según Anzules y Farfán (2026), la evaluación de la gestión de cobranza del Gobierno Municipal de Pedro Carbo permitió identificar diferencias entre la existencia formal de procedimientos administrativos y su aplicación operativa. Mediante una lista de verificación se examinaron ocho aspectos relacionados con la cobranza preventiva, el seguimiento de obligaciones vencidas y la recuperación de cartera. Los resultados presentaron niveles de confianza de entre el 60% y el 100%, según el control evaluado. En la Tabla 3 se detallan los indicadores publicados.


Tabla 3
Evaluación de los procedimientos de cobranza y recuperación de cartera del GAD Municipal de Pedro Carbo

Indicador evaluado

Confianza

Riesgo

Existencia de procedimientos de cobranza

100%

0%

Conocimiento de controles preventivos

100%

0%

Notificaciones previas al vencimiento

60%

40%

Capacitación y herramientas del personal

60%

40%

Actualización de registros de morosos

60%

40%

Acciones de recuperación de deudas

80%

20%

Elaboración de informes periódicos

100%

0%

Reducción percibida de usuarios morosos

60%

40%

Nota. Adaptado de Anzules y Farfán (2026). Los porcentajes son indicadores de confianza y riesgo del instrumento aplicado por los autores, no tasas de recaudación efectiva.


Los resultados de la Tabla 3 permitieron identificar fortalezas en la formalización de los procedimientos institucionales. Tres indicadores alcanzaron niveles de confianza del 100%: procedimientos de cobranza, conocimiento de controles preventivos y emisión de informes periódicos. Sin embargo, cuatro indicadores obtuvieron únicamente el 60%, relacionados con las notificaciones oportunas, las capacidades del personal, la actualización de registros y la percepción sobre la reducción de contribuyentes morosos. Estas diferencias evidenciaron que la existencia de normas y procedimientos no aseguró una aplicación homogénea en todas las actividades de cobranza.

Con la finalidad de visualizar los aspectos que presentaron mayores debilidades, en la Figura 2 se representan los niveles de riesgo determinados por Anzules y Farfán (2026). La comparación permitió reconocer los componentes que requirieron mayor atención dentro del proceso administrativo de recuperación de obligaciones.


Figura 2
Nivel de riesgo de los componentes de gestión de cobranza en Pedro Carbo

Nota. Elaboración propia con datos de Anzules y Farfán (2026). Riesgo operativo estimado mediante el instrumento de evaluación utilizado por los autores.


La Figura 2 evidenció que las principales debilidades se concentraron en la fase preventiva y de seguimiento, con niveles de riesgo del 40%. En contraste, los procedimientos formales y la elaboración de informes registraron un riesgo del 0%. Este comportamiento permitió establecer que la gestión coactiva debió entenderse como parte de un proceso más amplio que incluyó prevención, identificación de deudores, notificación, recuperación administrativa y ejecución de obligaciones exigibles.

Los indicadores también reflejaron que una institución podía contar con procedimientos documentados y, simultáneamente, mantener dificultades para reducir la morosidad. No obstante, estos porcentajes no demostraron cuánto dinero logró recuperarse mediante la coactiva, dado que el estudio consultado no presentó una tasa monetaria de recuperación atribuible exclusivamente a ese procedimiento.

Factores administrativos que condicionaron la recuperación de ingresos

Por su parte, Guillén y García (2026) identificaron que el Gobierno Municipal de Portoviejo registró una tasa de morosidad tributaria del 32,43% durante 2024. Las autoras encontraron una distribución desigual del personal entre las áreas relacionadas con la administración de obligaciones municipales: 35 funcionarios se concentraron en catastro y cuatro en cobranzas. Esta diferencia representó una relación de 8,75 funcionarios catastrales por cada funcionario de cobranza. Para ilustrar el desequilibrio institucional, la Figura 3 presenta la distribución reportada.


Figura 3
Distribución del personal entre las áreas de catastro y cobranzas del GAD Municipal de Portoviejo

Nota. Elaboración propia a partir de Guillén y García (2026). Comprende exclusivamente las dos áreas administrativas examinadas.


La Figura 3 mostró que el 89,7% de los 39 funcionarios considerados en estas dos dependencias correspondió al área catastral y el 10,3% al departamento de cobranzas. Este desequilibrio organizacional fue relevante porque la administración municipal requirió tanto la correcta determinación de las obligaciones tributarias como el seguimiento posterior de los valores pendientes.

La evidencia examinada permitió identificar un posible cuello de botella en la fase de recuperación. Aunque la determinación de tributos constituyó una actividad indispensable, la limitada dotación de funcionarios de cobranza pudo restringir la capacidad para realizar notificaciones tempranas, identificar contribuyentes reincidentes y dar seguimiento individualizado a las obligaciones vencidas.

En correspondencia con estos hallazgos, Jiménez y Reategui (2025) analizaron los procedimientos de recuperación de cartera vencida del GAD Municipal de Quilanga durante 2021–2022 e identificaron repercusiones jurídicas y administrativas relacionadas con la falta de recuperación de obligaciones pendientes. Su investigación destacó que las deficiencias en los procedimientos de cobro repercutieron en la disponibilidad de recursos para atender las necesidades institucionales y comunitarias.

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Aguirre et al. (2024) examinaron 20 procesos coactivos y señalaron problemas de seguridad jurídica asociados a la prescripción de procedimientos iniciados en Ecuador desde 2016. Este resultado permitió identificar que las dificultades de recuperación no estuvieron vinculadas exclusivamente con factores administrativos, sino también con la claridad de las disposiciones normativas aplicables a la ejecución de las obligaciones.

Sostenibilidad financiera y dependencia de las transferencias estatales

Según Bravo et al. (2026), la evaluación financiera del Gobierno Municipal de El Empalme durante 2020–2024 evidenció restricciones en la capacidad de generación de ingresos propios, dependencia del financiamiento estatal y diferencias entre la programación presupuestaria y su ejecución efectiva. Los resultados obtenidos de las cédulas presupuestarias mostraron una autonomía financiera promedio del 19,6%, mientras que la dependencia de transferencias alcanzó el 69,8%. La Tabla 4 presenta el comportamiento anual de los cinco indicadores financieros identificados por los autores.


Tabla 4
Evolución de los principales indicadores financieros del GAD Municipal de El Empalme, 2020–2024

Año

Eficacia recaudatoria

Ejecución de gastos

Autonomía financiera

Dependencia de transferencias

Índice de inversión

2020

89,7%

89,5%

18,2%

71,8%

12,3%

2021

78,7%

81,7%

15,4%

74,6%

8,7%

2022

81,5%

81,4%

20,1%

68,4%

10,2%

2023

88,2%

88,1%

22,3%

65,7%

13,4%

2024

88,6%

88,4%

21,8%

66,2%

14,1%

Promedio reportado

85,4%

85,7%

19,6%

69,8%

11,7%

Nota. Adaptado de Bravo et al. (2026). Los indicadores proceden del análisis presupuestario del municipio durante cinco ejercicios fiscales.


Los resultados de la Tabla 4 permitieron identificar tres comportamientos relevantes. En primer lugar, la autonomía financiera presentó su valor más bajo en 2021, con el 15,4%, y alcanzó su máximo en 2023, con el 22, %. En segundo lugar, la dependencia de las transferencias estatales mostró su valor más elevado en 2021, con el 74,6%, y se redujo hasta el 65,7 % en 2023. En tercer lugar, el índice de inversión pasó del 8,7% en 2021 al 14,1% en 2024, lo que representó una recuperación de 5,4 puntos porcentuales.

Estos resultados evidenciaron avances parciales en la generación de ingresos propios; sin embargo, la dependencia de transferencias continuó siendo elevada. Para examinar la evolución de ambos indicadores, en la Figura 4 se presenta su comportamiento anual durante el período analizado.


Figura 4
Evolución de la autonomía financiera y la dependencia de transferencias estatales en El Empalme, 2020–2024

Nota. Elaboración propia con datos de Bravo et al. (2026). Valores expresados como porcentaje de los ingresos municipales según las definiciones del estudio original.


La Figura 4 mostró que el comportamiento de la autonomía financiera y la dependencia de transferencias presentó tendencias opuestas durante buena parte del período. Entre 2021 y 2023, la autonomía aumentó 6,9%, mientras que la dependencia de transferencias disminuyó 8,9 puntos. No obstante, en 2024 se observó una reducción de 0,5 puntos en la autonomía financiera y un aumento de 0,5 puntos en la dependencia respecto al año anterior.

La variación registrada permitió reconocer que los avances en ingresos propios no se mantuvieron de forma estrictamente creciente. En consecuencia, el fortalecimiento de la gestión de cobranza constituyó una alternativa de interés para mejorar la disponibilidad de recursos, siempre que la recuperación de obligaciones pendientes generara ingresos efectivos y no únicamente registros administrativos de deuda.

En relación con la ejecución presupuestaria, Bravo Macias et al. (2026) identificaron que la eficacia recaudatoria promedio fue del 85,4%, frente a una ejecución de gastos del 85,7%. Ambos indicadores permanecieron por debajo del 100% durante los cinco ejercicios fiscales, evidenciando diferencias persistentes entre los valores presupuestados y los efectivamente devengados. La Figura 5 presenta la evolución de estos resultados.


Figura 5
Evolución de la eficacia recaudatoria y la ejecución presupuestaria en El Empalme, 2020–2024

Nota. Elaboración propia a partir de Bravo Macias et al. (2026). Los valores representan los porcentajes de ejecución informados para cada ejercicio fiscal.


La Figura 5 evidenció que 2021 presentó el menor desempeño presupuestario del período, con una eficacia de ingresos del 78,7% y una ejecución de gastos del 81,7%. Posteriormente, ambos indicadores experimentaron una recuperación hasta alcanzar el 88,6% y el 88,4%, respectivamente, en 2024. A pesar de esta mejoría, los porcentajes demostraron que persistieron diferencias entre los recursos programados y los resultados presupuestarios alcanzados.

La información también permitió determinar que el municipio pasó de registrar 746.000 dólares de ingresos propios en 2021 a 1.355.000 dólares en 2024, equivalente a un incremento aproximado del 81,6%. Sin embargo, las transferencias estatales aumentaron de 3.612.000 a 4.110.000 dólares durante el mismo período. Por tanto, el crecimiento de la recaudación propia no eliminó la necesidad de financiamiento procedente del Gobierno central.

Por otra parte, Merchan  y Mejía (2026) evaluaron 13 indicadores financieros del Gobierno Municipal de Tosagua durante 2020–2024. Los autores identificaron una autonomía financiera reducida, elevada dependencia de las transferencias estatales y fluctuaciones en la disponibilidad de recursos para cubrir obligaciones y financiar competencias municipales. Aunque se observaron mejoras parciales en el esfuerzo recaudatorio, los resultados no evidenciaron una independencia financiera consolidada.

En concordancia, Primintela y Sánchez (2026), mediante una revisión sistemática que incluyó 35 investigaciones, identificaron dificultades recurrentes relacionadas con la recaudación de impuestos prediales, la recuperación de cartera, la planificación presupuestaria y la dependencia de asignaciones estatales. Este resultado reforzó la importancia de considerar la recuperación de obligaciones municipales dentro de una estrategia de sostenibilidad financiera más amplia, integrada con la administración presupuestaria y el control institucional.

Comparación de los resultados financieros y administrativos municipales

Conforme a los resultados de Suarez y Suarez (2024), el impuesto predial representó el 2,08% de los ingresos totales obtenidos por el Gobierno Municipal del cantón Pichincha durante 2021 y el 2,09% en 2022. La variación fue de apenas 0,01 puntos porcentuales, evidenciando una participación relativamente reducida de este tributo dentro de los ingresos examinados. Estos resultados se contrastaron con la información publicada sobre Portoviejo, Pedro Carbo, Quilanga, Tosagua y El Empalme, para establecer los principales problemas de gestión tributaria y financiera identificados en las investigaciones consultadas. La Tabla 5 presenta la síntesis comparativa.


Tabla 5
Comparación de hallazgos sobre gestión de cobranza y sostenibilidad financiera en municipios ecuatorianos

Municipio

Indicador o hallazgo principal

Implicación financiera identificada

Portoviejo

Morosidad del 32,43% en 2024

Dificultades en el seguimiento y recuperación de obligaciones

Pedro Carbo

Riesgo del 40% en cuatro controles administrativos evaluados

Debilidades en prevención, registro y seguimiento de cartera

Pichincha

Participación predial del 2,08% en 2021 y 2,09% en 2022

Baja contribución relativa del impuesto predial a los ingresos totales

El Empalme

Autonomía financiera promedio del 19,6%

Capacidad limitada para financiar actividades con recursos propios

Tosagua

Baja autonomía y persistente dependencia de transferencias

Restricciones para la planificación financiera de largo plazo

Quilanga

Deficiencias en la recuperación de cartera vencida

Limitaciones en la disponibilidad de recursos para la administración

Nota. Elaboración propia con base en Guillén y García (2026), Anzules y Farfán (2026), Suarez y Suarez (2024), Bravo et al. (2026), Merchan y Mejía (2026) y Jiménez y Reategui (2025).


La Tabla 5 permitió identificar problemas de distinta naturaleza. Portoviejo presentó una evidencia cuantitativa de morosidad; Pedro Carbo registró debilidades de control administrativo; Pichincha mostró una reducida participación del impuesto predial; mientras que El Empalme y Tosagua evidenciaron restricciones relacionadas con la autonomía financiera. En Quilanga, las dificultades fueron analizadas principalmente desde los efectos jurídicos y administrativos de la recuperación de cartera.

Vinculación entre la gestión coactiva y la sostenibilidad financiera municipal

De acuerdo con Yánez et al. (2025), la ejecución coactiva constituyó una facultad administrativa legítima para recuperar obligaciones económicas, cuya aplicación debió respetar las garantías constitucionales y los derechos de los administrados. Por su parte, Tapia et al. (2025) destacaron la necesidad de aplicar proporcionalidad al establecer medidas cautelares dentro de estos procedimientos. A partir de estas contribuciones jurídicas y los resultados financieros anteriormente expuestos, se identificaron cinco componentes que permitieron explicar la vinculación entre la recuperación de obligaciones y la sostenibilidad institucional. La Tabla 6 presenta esta integración de hallazgos.


Tabla 6
Integración de los hallazgos sobre gestión coactiva y sostenibilidad financiera municipal

Componente analizado

Hallazgo documental

Implicación para la sostenibilidad

Cobranza preventiva

Deficiencias en notificaciones y seguimiento oportuno

Mayor exposición a la acumulación de obligaciones vencidas

Gestión de cartera

Limitaciones en registros y capacidades administrativas

Dificultades para priorizar y recuperar deudas

Ejecución coactiva

Necesidad de procedimientos jurídicamente fundamentados

Recuperación sujeta al debido proceso y la proporcionalidad

Generación de ingresos propios

Participación limitada de recursos tributarios municipales

Persistencia de dependencia financiera

Ejecución presupuestaria

Diferencias entre ingresos programados y devengados

Menor previsibilidad para financiar actividades institucionales

Nota. Las implicaciones corresponden a relaciones interpretativas respaldadas por los hallazgos documentales.


Los resultados de la Tabla 6 permitieron identificar una secuencia administrativa relevante. Las deficiencias en la cobranza preventiva podían incrementar las obligaciones vencidas; posteriormente, las limitaciones de seguimiento y registro podían dificultar su recuperación. Cuando las obligaciones reunían los requisitos legales para su ejecución, la gestión coactiva constituía uno de los mecanismos institucionales disponibles para recuperar los valores correspondientes.

No obstante, la información analizada también evidenció que la aplicación de medidas coactivas no garantizó automáticamente una mejora de la sostenibilidad financiera. Su contribución estuvo condicionada por la capacidad institucional, la calidad de los registros, el cumplimiento del debido proceso y la recuperación monetaria efectiva. En ese sentido, fue necesario distinguir entre iniciar procedimientos coactivos, resolver expedientes y obtener ingresos realmente incorporados a las finanzas municipales.

La comparación de los estudios mostró que las municipalidades presentaron necesidades de mejora en diferentes etapas de la gestión financiera. La prevención de la mora, la actualización de catastros, el seguimiento de contribuyentes, la gestión de facilidades de pago y la ejecución legal de obligaciones pendientes constituyeron actividades complementarias, cuyo desempeño pudo influir en la liquidez y la planificación de los recursos locales.

DISCUSIÓN

De acuerdo con Bravo Macias et al. (2026), la sostenibilidad financiera de los gobiernos municipales estuvo condicionada por la capacidad de generar ingresos propios y reducir la dependencia de las transferencias estatales. Esta afirmación coincidió con los resultados de la investigación, donde el Gobierno Municipal de El Empalme registró una autonomía financiera promedio del 19,6 % y una dependencia de transferencias del 69,8 % durante 2020–2024. En este sentido, los hallazgos evidenciaron que, pese a los avances en la recaudación, persistieron limitaciones estructurales para financiar las competencias municipales con recursos propios. Asimismo, Merchan Baque y Mejía Loor (2026) identificaron condiciones similares en el Gobierno Municipal de Tosagua, lo que permitió reconocer que la dependencia presupuestaria constituyó una problemática compartida por diferentes administraciones locales.

Por su parte, Guillén Ávila y García Párraga (2026) determinaron que la morosidad tributaria del Gobierno Municipal de Portoviejo alcanzó el 32,43 % en 2024, situación relacionada con dificultades administrativas y una distribución desigual del personal encargado de la gestión tributaria. Estos resultados guardaron relación con los hallazgos de Anzules Cruz y Farfán Menéndez (2026), quienes identificaron niveles de riesgo del 40 % en determinados controles de cobranza del Gobierno Municipal de Pedro Carbo. La comparación permitió establecer que las deficiencias en las notificaciones, la actualización de registros y el seguimiento de obligaciones pendientes constituyeron debilidades relevantes para la recuperación de cartera vencida. No obstante, las diferencias metodológicas entre ambos estudios impidieron establecer una relación estadística directa entre los indicadores.

En concordancia, Jiménez-Caiza y Reategui-Cueva (2025) señalaron que las dificultades en los procedimientos de recuperación de cartera vencida afectaron la disponibilidad de recursos del Gobierno Municipal de Quilanga. Este planteamiento complementó los resultados encontrados, debido a que la insuficiencia de mecanismos de cobranza pudo limitar la capacidad institucional para transformar las obligaciones pendientes en ingresos efectivos. De igual manera, Suarez-García y Suarez-Ponce (2024) evidenciaron que el impuesto predial representó únicamente el 2,08 % y el 2,09 % de los ingresos municipales del cantón Pichincha durante 2021 y 2022, respectivamente, lo que destacó la necesidad de fortalecer las fuentes de financiamiento territorial.

Desde la perspectiva jurídica, Yánez-Alcívar et al. (2025) sostuvieron que la ejecución coactiva debía desarrollarse respetando las garantías constitucionales y el debido proceso. Este criterio coincidió con Tapia-Tapia et al. (2025), quienes destacaron la aplicación del principio de proporcionalidad en las medidas cautelares. Asimismo, Toledo-Bejarano y Mogrovejo-León (2025) identificaron fortalezas y debilidades en la regulación de la ejecución coactiva establecida en el Código Orgánico Administrativo. Estas contribuciones permitieron interpretar que la eficiencia recaudatoria no debía depender exclusivamente de la aplicación de medidas coercitivas, sino también de procedimientos transparentes, jurídicamente fundamentados y administrativamente oportunos.

Por otra parte, Alcaide Muñoz et al. (2024) establecieron que la sostenibilidad financiera de los servicios públicos municipales estuvo relacionada con las condiciones económicas y demográficas de los territorios. Este argumento permitió ampliar la interpretación de los resultados, considerando que las diferencias entre municipios no respondieron únicamente a la calidad de los procedimientos coactivos, sino también a las particularidades de sus estructuras económicas y capacidades institucionales. En correspondencia, Sutaryo et al. (2025) identificaron que la independencia financiera, la eficiencia y la solvencia constituyeron factores determinantes para la sostenibilidad de los gobiernos locales, lo que respaldó la importancia de analizar conjuntamente la recuperación de cartera y la ejecución presupuestaria.

Finalmente, Primintela y Sánchez (2026) identificaron que las dificultades de recaudación, la dependencia fiscal y las deficiencias en la planificación presupuestaria representaron desafíos recurrentes para los gobiernos autónomos descentralizados ecuatorianos. Estos hallazgos coincidieron con los resultados de la presente investigación, donde se evidenciaron limitaciones en la autonomía financiera y debilidades administrativas relacionadas con la recuperación de obligaciones. En consecuencia, se interpretó que la gestión coactiva constituyó un mecanismo relevante para fortalecer la sostenibilidad financiera municipal, siempre que estuviera articulada con estrategias preventivas de cobranza, actualización de registros tributarios, seguimiento de cartera vencida y planificación presupuestaria. Sin embargo, debido al carácter documental del estudio y a la heterogeneidad de los indicadores examinados, no fue posible demostrar una incidencia causal directa ni cuantificar el efecto específico de la recaudación coactiva sobre la sostenibilidad financiera de los 221 gobiernos municipales del Ecuador.

CONCLUSIONES

La gestión coactiva es un mecanismo fundamental para fortalecer la recuperación de cartera vencida y mejorar la disponibilidad de recursos económicos en los gobiernos municipales del Ecuador. Los resultados evidenciaron que las deficiencias administrativas, la limitada actualización de registros tributarios y las debilidades en los procedimientos de cobranza dificultaron la recuperación oportuna de obligaciones pendientes. En particular, el Gobierno Municipal de Portoviejo registró una morosidad tributaria del 32,43% durante 2024, mientras que Pedro Carbo presentó niveles de riesgo del 40% en determinados controles administrativos, lo que destacó la necesidad de optimizar los procesos de recaudación.

La sostenibilidad financiera de los gobiernos municipales ecuatorianos estuvo condicionada por su limitada autonomía económica y elevada dependencia de las transferencias del Gobierno central. El análisis del Gobierno Municipal de El Empalme evidenció una autonomía financiera promedio del 19,6% y una dependencia de transferencias del 69,8% durante 2020–2024, reflejando restricciones para financiar sus competencias institucionales mediante ingresos propios. Estos resultados demostraron la importancia de fortalecer la administración tributaria, mejorar la eficiencia recaudatoria y diversificar las fuentes de financiamiento para garantizar la continuidad de los servicios públicos municipales.

La investigación permitió establecer que la gestión coactiva y la sostenibilidad financiera mantuvieron una vinculación administrativa y económica, debido a que la recuperación efectiva de obligaciones pendientes puede contribuir al fortalecimiento de los ingresos propios y a una mayor estabilidad presupuestaria. Sin embargo, el análisis documental no permitió determinar una relación causal directa entre ambas variables. En consecuencia, se concluyó que el fortalecimiento de los procedimientos coactivos debe complementarse con estrategias de cobranza preventiva, modernización de registros, capacitación del personal y cumplimiento de las garantías jurídicas, para favorecer una gestión financiera municipal eficiente, transparente y sostenible.

RECOMENDACIONES

Se recomienda que los gobiernos autónomos descentralizados municipales establezcan protocolos de cobranza, programas de capacitación para el personal administrativo y evaluaciones periódicas de los procesos coactivos, garantizando el cumplimiento del debido proceso y las disposiciones legales vigentes. Estas acciones permitirán reducir los niveles de morosidad, optimizar la recuperación de obligaciones pendientes y mejorar la disponibilidad de recursos económicos para financiar los servicios públicos municipales.

Se recomienda que las autoridades municipales y las direcciones financieras incorporen indicadores de autonomía financiera, eficiencia recaudatoria, recuperación de cartera vencida y ejecución presupuestaria en sus instrumentos de planificación y evaluación institucional. Así mismo, resulta pertinente realizar diagnósticos financieros periódicos que permitan identificar debilidades y establecer medidas correctivas, con la finalidad de mejorar la estabilidad presupuestaria, fortalecer la capacidad de inversión y garantizar una administración eficiente y sostenible de los recursos públicos.

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